Anteproyecto de ley para la gestión y retirada del amianto de Cataluña ​

Objetivos y finalidades del Anteproyecto de ley

El amianto es un agente químico que se utilizó ampliamente en la industria de la construcción de nuestro país entre los años 1950 y 1990, puesto que era un material abundante y económico que ofrecía muy buenas propiedades aislantes e ignífugas. Desgraciadamente, se comprobó que si se altera, ya sea por manipulación o por degradación, libera microfibras que pueden penetrar en el cuerpo por las vías respiratorias. Esta entrada en el organismo puede provocar diversos tipos de cáncer y dos enfermedades causadas exclusivamente por el polvo de amianto: la asbestosis y el mesotelioma maligno. Por este motivo, se fue restringiendo su uso, hasta que en 2002 se hizo efectiva en toda España la prohibición total de fabricar, utilizar o comercializar materiales que contuvieran amianto. Sin embargo, lo que ya estaba instalado pudo mantenerse hasta el final de su vida útil.

Se estima que en Cataluña, todavía hay más de 4 millones de toneladas de amianto presentes en elementos constructivos, equipos e instalaciones: en forma de fibrocemento en tejados (conocidas con el nombre comercial de uralita), depósitos, bajantes o jardineras, como aislamiento térmico y acústico.

Esta iniciativa normativa se considera una herramienta fundamental para cumplir con los compromisos del Gobierno en esta materia, ya que permite cohesionar todos los trabajos realizados hasta ahora en el ámbito de Cataluña y abordar, en lo sucesivo, esta problemática de una forma estable, sistemática y transversal.

En cuanto al contenido, la iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico necesario para garantizar una actuación común por parte de todas las administraciones públicas de Cataluña en la gestión y retirada del amianto, con las siguientes finalidades:

1. Luchar contra los efectos nocivos que el amianto produce sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

2. Facilitar la detección y localización de los materiales que contienen amianto.

3. Garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía en la gestión y retirada del amianto.

4. Fomentar la coordinación y cooperación entre todas las administraciones públicas para acelerar al máximo la retirada del amianto y garantizar que se efectúa dentro de los plazos establecidos legalmente.

5. Promover la información y la sensibilización entre la ciudadanía y las personas trabajadoras sobre los efectos nocivos del amianto y la necesidad de realizar una gestión adecuada y acelerar su retirada.