Las entidades proveedoras de la Red Catalana de servicios sociales de atención pública (en lo sucesivo XCSS) vienen sufriendo, desde hace años, un desajuste creciente entre el volumen de financiación pública y los costes de la prestación de los servicios. A pesar de que los niveles de financiación se han mantenido constantes y se han implementado en los años 2022, 2023 y 2024 incrementos de tarifas que han ayudado a la sostenibilidad del sistema, la realidad ha demostrado que estos ajustes no han estado suficientes.
Esta situación impacta especialmente en las profesionales y los profesionales que atienen a la gente mayor en situación de dependencia –mayoritariamente mujeres- como consecuencia de la diferencia salarial del 40% entre el convenio público de residencias y otros convenios del sector.
Las organizaciones empresariales y sociales y las asociaciones del sector coinciden en la necesidad de reforzar el sistema público de servicios sociales propio de Cataluña más allá de la coyuntura política. En concreto, el consenso es ampliamente mayoritario en ares a la adopción de medidas de equiparación salarial que reviertan en la captación y fidelización de los profesionales, en la armonización de las condiciones laborales entre las profesionales y los profesionales del sector social y sanitario.
Esta demanda encaja plenamente con el interés del Gobierno de Cataluña de fortalecer los servicios sociales y la calidad en su prestación a la ciudadanía, en los términos del artículo 166 de la ley de medidas de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña del 2020. Se ha abordado en un marco de diálogo y de consenso y cuenta con el apoyo inequívoco de las formaciones políticas, formalizado en un acuerdo parlamentario en el marco del Parlamento de Cataluña.
Las entidades proveedoras prestan sus servicios con la calidad exigida por la normativa vigente, con los niveles de ratios y de calificaciones profesionales establecidos, con las condiciones físicas, funcionales y organizativas determinadas, y atienen las necesidades sociales más diversas y complejas que requieren orientaciones de atención más personalizadas y enmarcadas en una perspectiva más exigente desde el punto de vista de los derechos, de la igualdad y de la no discriminación. Hay que garantizar su viabilidad económica y, en consecuencia, la del propio sistema. Por este motivo procede continuar trasladando estas mejoras en la financiación, principalmente, a mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector avanzando hacia un salario mínimo del sector social, la equiparación retributiva con el sector sanitario o en el público, así como la definición de una carrera profesional horizontal, la formación y la disponibilidad lingüística.
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