Consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley por la que se regulan determinados aspectos de la entrega de los productos adquiridos a distancia

El considerable incremento del comercio on-line, que ha aumentado durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y marzo de 2020 a un ritmo anual de casi un 17% (estimación según la intención de compra), cómo demuestran los datos extraídos del estudio “Comercio on-line y movilidad. Evolución 2018-2020” de la Dirección General de Comercio, de noviembre de 2020. Este ritmo de crecimiento de las compras a distancia se ha visto acelerado por el efecto de la pandemia y el confinamiento, con un aumento de casi el 28%.

Así, se estima que actualmente se realizan 79 millones de compras en línea en el año en Cataluña, de las cuales el 84% se entregan a domicilio y, sólo, el 13% se recogen en alguna modalidad de click&collect. Eso, representa que se realizan 66 millones de desplazamientos para entregas a domicilio, de las cuales más de un 11% requieren segunda visita.

Actualmente, el sector del comercio se enfrenta a un reto importante: la transformación digital y de los nuevos canales de venta. Según los datos obtenidos en el estudio “El comercio electrónico en Cataluña” de ACCIO, del año 2020, en Cataluña hay 827 empresas dedicadas plenamente a vender sus productos en entornos digitales o que dan apoyo técnico o logístico para hacerlo posible. Todas ellas facturan 3.773 M€ (el 1,5% del PIB) y dan trabajo además de 18.300 personas.

Esta situación evidencia la necesidad de implementar una estrategia verde en el retail en general, pero especialmente en el proceso de distribución y entrega de mercancías que genera el comercio electrónico con el objetivo de reducir la huella de carbono.

En este contexto, se hace necesario establecer los criterios y parámetros básicos a los que se deben sujetar todos aquellos elementos que forman parte de la expresión física del comercio electrónico, a partir de criterios homologables con los que se fundamenta el conjunto de la regulación existente aplicable a los establecimientos comerciales abiertos al público, con el fin de evitar las sobrecargas que genera su falta de ordenación y moderar su impacto en el medio ambiente y las ventajas competitivas e inseguridad jurídica que los vacíos legales existentes comportan.