La Generalitat de Catalunya no tiene entre sus funciones incidir en el mercado privado, creando una constructora pública. Sí que es objeto de esta ley, la formación de los profesionales en materia de ahorro y eficiencia energética, la promoción de actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y la información y difusión de estos criterios entre la ciudadanía, que es la que solicita y se puede beneficiar de las ayudas. En la ley, se incorporará que a partir de la certificación energética de los edificios se establezca la obligación de rehabilitar los edificios más ineficientes energéticamente.