La ley recogerá que las administraciones públicas catalanas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben eliminar las barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de la transición energética en Cataluña, con especial atención a las barreras que dificultan la implantación de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores.

Los trámites y exigencias previstos en los procedimientos a seguir deben ser adecuados a las diferentes tecnologías, tamaños y usos, y tendrán en consideración plazos abreviados de respuesta, con tasas y gravámenes reducidos y uniformes.

La ley también incorporará el fomento de la creación de comunidades energéticas locales para facilitar la generación de energía proveniente de energías renovables, a escala pequeña, mediana (comunidades energéticas) y a gran escala. La normativa sobre comunidades energéticas a nivel estatal todavía se está desarrollando y en todo caso su regulación sería objeto de otras normativas específicas.